Es necesaria más especificidad en los indicadores sanitarios para iniciar la transición hacia la nueva normalidad (José Martínez Olmos, Alberto Infante Campos, Daniel López-Acuña)

Expertos en Salud Pública

Merece la pena definir valores o umbrales mínimos sobre la incidencia de la enfermedad que deberán ser cumplidos en el territorio de referencia antes de iniciar la desescalada

Con la publicación este domingo de una serie de órdenes ministeriales se empieza a concretar el plan de transición hacia la nueva normalidad. Una transición que se plantea gestionar con un esquema de cogobernanza entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Este es un planteamiento acorde con el Estado de las Autonomías. Solo con intenso proceso de concertación entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos durante las próximas ocho semanas se podrán alcanzar los objetivos trazados: recuperar paulatinamente la mayor actividad social y económica posible al tiempo que se garantiza la seguridad sanitaria. Dado que habremos de convivir con el virus más allá de ese plazo, ese proceso de cogobernanza de los riesgos sanitarios derivados de la pandemia y de las medidas para hacerles frente deberá extenderse en el tiempo mientras sea necesario.

Para que las negociaciones entre el Gobierno y las Comunidades transcurran con éxito deberían cumplirse dos requisitos básicos:

a) que el marco de negociación garantice la seguridad sanitaria de los ciudadanos en función de las circunstancias epidemiológicas y asistenciales del territorio donde viven

b) que tanto el proceso de negociación como el resultado y el seguimiento de lo acordado se fundamenten en un marco explícito de condiciones que deben ser cumplidas y sean transparentes para todos.
Para cumplir esos dos requisitos se requiere un esfuerzo adicional de concreción y especificidad en los indicadores del cuadro de mando de la transición. Se trata de minimizar los riesgos de subjetividad y de sobre simplificación que puedan plantearse por algunas propuestas autonómicas redactadas al calor de un cierto apresuramiento por iniciar la desescalada y saltarse etapas sin las suficientes cautelas.

Las variables o dimensiones que habrán de ser tomadas en cuenta están consignadas de manera genérica en las órdenes ministeriales publicadas hasta ahora. Si bien son apropiadas, echamos en falta marcadores más detallados que les den expresión cuantitativa o cualitativa, así como franjas de umbrales a los que puedan estar referidas las evaluaciones sobre si se cumplen o no las condiciones para pasar de una fase a otra del desescalamiento.

La orden publicada el domingo 3 de mayo establece como prerrequisitos dos valores específicos para dos indicadores que miden la capacidad de respuesta sanitaria para la atención medica de la COVID-19: las camas de UCI y las camas de enfermos agudos (disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y 2 camas de cuidados intensivos y entre 37 y 49 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes).

Sin embargo, la orden no plantea criterios cualitativos ni valores cuantitativos referidos a la magnitud de la transmisión de la infección, ni a la capacidad de los sistemas de vigilancia epidemiológica y de atención primaria para identificar casos, hacer pruebas diagnósticas, rastrear a todos los contactos y aislar a personas asintomáticas que den positivas. Lo que establece la orden ministerial es el enunciado de una serie de criterios generales para normar los planes que deberán presentar las CCAA. En ese sentido define que deberán dar cuenta sobre "las capacidades estratégicas disponibles en el sistema sanitario" en cinco ámbitos, que son: los sistemas de alerta precoz y de vigilancia epidemiológica, la identificación y contención rápida de fuentes de contagio, la capacidad de aislamiento y control de las fuentes de contagio confirmadas y potenciales, la atención primaria y la asistencia hospitalaria.

Estas dimensiones son totalmente pertinentes. Sin embargo, no se definen los parámetros que deberán ser cumplidos en cada una de esas dimensiones y eso puede retardar las negociaciones e introducir elementos innecesarios de subjetividad y opacidad.

En este sentido creemos que merecería la pena definir valores o umbrales mínimos sobre la incidencia de la enfermedad que deberán ser cumplidos en el territorio de referencia antes de iniciar la desescalada, así como algunos indicadores explícitos sobre el refuerzo de los sistemas de vigilancia epidemiológica y de los servicios de atención primaria que permitan asegurar con las mayores garantías que se efectuará una detección precoz de casos y el seguimiento y diagnóstico de los contactos.

Dado que, como ya hemos señalado, existe riesgo cero de transmisión, en su momento propusimos establecer un umbral ubicado en torno a 1 o 2 casos nuevos por cada 100 mil habitantes de manera sostenida durante dos semanas. Respecto a la capacidad del sistema asistencial, habría que plantearse una tasa de hospitalización inferior al 30% de casos comprobados, la cual debería acompañarse de un adecuado aislamiento de los casos leves y de los positivos asintomáticos, así como de una ocupación inferior al 50% de las camas de UCI disponibles y del 70% de las camas hospitalarias disponibles. Se puede discutir si han de ser estos indicadores y umbrales u otros similares, pero lo deseable es que se establezcan y sean explícitos. De ese modo se dispondría de una reserva estratégica para afrontar un eventual repunte.

Sin embargo, el punto más crucial durante las semanas por venir será garantizar que las Comunidades y Ciudades Autónomas disponen de un sistema de vigilancia epidemiológica reforzado y articulado con la atención primaria de salud. Este sistema debería de ser capaz de rastrear y hacer pruebas a un número de casos confirmados y sospechosos, y a sus respectivos contactos, cuando menos un 30% superior que el número de casos observados durante las dos semanas anteriores.

Es más que probable que muchas Comunidades no dispongan a día de hoy de esta capacidad, ya que generarla implica contratar personal adicional, reasignar personal ya contratado y/o incorporar voluntarios de Cruz Roja u otras ONGs, entrenarlo, establecer circuitos y procedimientos, y mejorar la calidad y la oportunidad de la información. Esto no se improvisa: toma algún tiempo. No se trata de esperar a que surja un rebrote, sino de anticiparse a él y de atajarlo rápidamente si ocurre. Diversos países europeos están anunciando planes de este tipo justamente ahora, al inicio de sus respectivos procesos de desescalada. El Gobierno acaba de acordar la entrega de 10.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia, Si es necesario, las Comunidades deberían dedicar una parte de esos fondos a esta tarea.

El proceso de cogobernanza ofrece un marco idóneo para seguir incorporando, en el diálogo interterritorial de los próximos días, una mayor especificidad tanto en el cuadro de mando general como en las modalidades concretas que hayan de aplicarse en cada territorio. Pero el resultado final, tanto a nivel del Estado como de cada Comunidad y Ciudad Autónoma, deberá ser transparente y fácilmente entendible y verificable por la ciudadanía.

Solo de ese modo se podrán minimizar las incertidumbres y los riesgos, y generar la confianza indispensable para llevar a buen término un proceso tan complejo. Garantizar la mayor seguridad sanitaria posible, así como la transparencia de las actuaciones de todos los actores implicados ha sido, y debe de seguir siendo, una obligación fundamental de Estado.

(El Diario)